En el Tribunal Superior de Barranquilla próximamente se tomará una decisión fundamental para el futuro del país y, sobre todo, para las metas del Gobierno de entregar tierras al campesinado.

Carlos Andrés Pérez Alarcón, magistrado Sala de Justicia y Paz Tribunal Superior de Barranquilla, aseguró en el 'Conversatorio “Justicia y Paz: 20 años, un sistema tejido por sus jueces”', que está en análisis una acción judicial contra el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo.

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Aunque la Corte Constitucional había declarado inexequible parte de este artículo, la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras a la Unidad para la Reparación de las Víctimas no quedó prohibida.

Sin embargo, aclaró el magistrado Pérez Alarcón que actualmente la URV está vendiendo bienes que no tienen decisión en firme de extinción de dominio.

"Los está vendiendo a la ANT a efectos de la entrega para los campesinos, lo que es valioso, pero genera una discusión sobre si es compatible con la reparación a la víctimas", aseguró.

El magistrado sostuvo que "el tema se está discutiendo" y solicitó a los entes de control, el Sistema de Justicia y Paz, y el Consejo Superior de la Judicatura "hacer seguimiento a esta temática".

"Podría generar una dificultad a futuro mayor a la que estamos viviendo en administración de bienes", apuntó.

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En mayo de este año, la ANT afirmó que ha formalizado 1.5 millones de hectáreas  y ha gestionado cerca de 569.000 más.

Asimismo, indicó que se han recuperado 181.027 hectáreas y 13.332 han sido entregados a título gratuito desde la Sociedad de Activos Especiales (SAE).